Asociación Cultural Faceira

CAMPESINOS, ESTADO Y MERCADO. LA CONFLICTIVIDAD FORESTAL EN EL NOROESTE DE ESPAÑA, LEÓN (1870-1936)

Gracias a la generosidad de nuestro compañero José Serrano Álvarez, ponemos a vuestra disposición este excelente trabajo cuyo objetivo es estudiar las motivaciones de las resistencias campesinas a la intervención del Estado para el período 1870-1936.  en el Noroeste de España.

Mientras que los conflictos han sido explicados desde diferentes perspectivas, en este trabajo se argumenta que la conflictividad forestal refleja la defensa de los campesinos de sus medios de vida así como la disputa por las «oportunidades que ofrecía el mercado.

Queremos agradecer a José tanto su  trabajo, como su aportación a la difusión de la cultura Leonesa.

Adelanto de «La voz del concejo» y charla sobre los concejos vecinales

Desde Faceira queremos compartir con vosotros la interesantísima charla sobre los concejos vecinales que impartió el catedrático Laureano M. Rubio en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, autores de la edición del video al que enlazamos.

Nicolás Bartolomé por parte de Faceira e Isabel Melarde por Bambara Zinema introdujeron el acto que contó también con la presencia de Silvia Martinez Cantón, representando a la Confederación de Centros y Clubes UNESCO.

Esperamos que disfrutéis de la conferencia y del adelanto del documental tanto como lo hicimos nosotros, junto con todos los presentes que abarrotaban la sede de la Fundación Cerezales.

Conferencia: «El concejo de vecinos: historia y tradición»

concejo 2

Contaremos con  la presencia de Nicolás Bartolomé (presidente de la Asociación Cultural Faceira) y Laureano M. Rubio Pérez, Doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oviedo y Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de León.

En el acto se proyectará un vídeo sobre las experiencias sobre el rodaje del documental La voz del Concejo, proyecto de documental audiovisual, realizado por Bambara Zinema y la asociación Faceira, que pretende abordar de manera objetiva y directa la figura histórica de los concejos, la primera entidad representativa de la democracia de la historia. El documental cuenta con el apoyo de la Confederación Española de Centros y Clubes Unesco, y de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia.

El acto tendrá lugar el sábado 21 de diciembre de 2013 a las 19 Horas
Fundación Cerezales Antonino y Cinia
c/ Antonino Fernández, 76
24150
Cerezales del Condado, León

Esperamos contar con vuestra presencia.
Más info en
http://www.fundacioncerezalesantoninoycinia.org/node/1004
http://lavozdelconcejo.bambarazinema.com/

LAS JUNTAS VECINALES Y EL FUTURO DE LOS PUEBLOS (DOCUMENTO DE TRABAJO)

Por Laurentino Bello.

La pretensión, por parte del gobierno actual, de eliminar las juntas vecinales , ha provocado reacciones de rechazo y la aparición, en los medios de comunicación e Internet ,de múltiples aportaciones documentadas y debates , que deseo pongan en evidencia no solo el desatino histórico que tal decisión supondría ,sino dejen constancia del desprecio ,una vez más, hacia lo rural y hacia los pueblos, de los gestores públicos. Parece que el descontento esta siendo contundente y esperamos que estas respuestas puedan “iluminar” y convencer a los autores de la propuesta actual para que reconozcan que “no sabían lo que hacían” y retractarse, lo antes posible, de tan nefasta decisión.

Mi intención no es insistir en los argumentos ya expuestos por expertos en el tema sobre la defensa de las Juntas vecinales (Laureano M. Rubio, J.A. Balboa, José Serrano, entre otros ), sino advertir de la necesidad urgente de interrogarnos, una vez más ,sobre el futuro de los pueblos y reivindicar de manera clara y contundente actuaciones legislativas, institucionales, sociales y culturales que ayuden a frenar la despoblación de nuestros pueblos y en algunos casos su desaparición.

Después de décadas de abandono, de legislar sin tener en cuenta a los que viven en las zonas rurales, sus costumbres y tradiciones, de utilizar “criterios de eficiencia económica” para cerrar centros educativos, servicios sanitarios, etc. Después de muchos años de “oídos sordos” a las recomendaciones de geógrafos, economistas, biólogos, ecologistas, etc. para los que mantener llenos y activos los pueblos era fundamental para conservar los diferentes ecosistemas y conseguir una mejor ordenación del territorio. En definitiva, después de décadas de medidas ineficaces, de desprecio y discriminación de las zonas rurales lo único que se ha conseguido en la mayoría de los casos es llegar a la situación actual: despoblación, desaparición, perdida de empleos ,abandono, etc. Y todo a pesar de las “buenas intenciones” de programas europeos (Proder, Leader…), nacionales (en el 2007 la Ley del Desarrollo Sostenible del Medio Rural) y regionales (lo último la Agenda de Población). Parece por tanto obligado revisar la idea de que únicamente con más infraestructuras, más explotación de los recursos rurales, más programas de financiación e inversión vamos a conseguir frenar la despoblación de las zonas rurales (los últimos datos del INE sobre Castilla y León sobre población rural y urbana son demoledores para los pueblos) ,que sin lugar a dudas es uno de los problemas más importantes de nuestra provincia y de otras zonas del país.

Así lo reconocía el pasado ocho de septiembre el Alcalde del Puente Domingo Flórez en su rogativa a la Patrona del Bierzo, seguramente cansado durante años de ver pasar por su municipio los “land-rovers” y autobuses al final de la jornada llenos de trabajadores y trabajadoras de las naves de pizarra en dirección a las zonas que residen habitualmente en Ponferrada o el Barco de Valdeorras, al igual que lo hacen la mayoría de los que prestan sus servicios en su municipio bien en el centro de salud o en el centro escolar o en las entidades financieras de su municipio. Es lo normal, es lo que sucede en la mayoría de los municipios rurales desde hace décadas: la “huida de familias y de población activa de los pueblos” para incrementar la concentración de población en capitales y cabeceras de comarcas.

Seguramente para conseguir cambiar un poco esta tendencia, lo primero y fundamental es reconocer que las familias y cualquiera de nosotros vive en el lugar que considera mejor de todas las alternativas “posibles “ y le resulta más beneficioso para todos los miembros de la unidad familiar y además es el más acorde con sus valores y su estilo de vida. En muchos casos donde vivimos habitualmente no es lugar donde trabajamos, ni donde nos gusta pasar el fin de semana.

Por tanto antes de proponer actuaciones y programas, parece necesario investigar y tener información actualizada sobre lo que podemos denominar “modelo de elección de la residencia habitual”. Dicho modelo es complejo y multivariable formado por diversos atributos (educación, sanidad, accesibilidad, coste de la vivienda, oferta comercial y de ocio, calidad de vida, seguridad, vínculos afectivos y familiares, naturaleza. etc.) ,con importancia y ponderación variable para cada individuo y familia , en función de la edad, el ciclo vital de la familia , nivel educativo , valores , situación de entorno (económico, cultural, legislativo…), etc., aunque podremos descubrir segmentos de individuos o tipos de familia que tengan modelos de decisión muy similares…

Si de verdad queremos afrontar el problema de la despoblación rural es prioritario tener el conocimiento de estos modelos y la ponderación que cada atributo tiene para distintos segmento, porque sin dicho conocimiento estaremos una vez más dando “palos de ciego”. Es decir, por ejemplo, si para una familia con niños en edad escolar ,la educación es el atributo determinante para decidir su residencia habitual, de nada vale decir que apoyamos a los pueblos con programas y recursos, o que nos preocupa muchísimo (como se lee todos los días en la prensa) la despoblación del mundo rural, si al mismo tiempo cerramos una escuela porque este curso hay un niño menos en el pueblo, con esa “norma estricta” estamos cerramos definitivamente la puerta a nuevas familias que igual se estaban pensado trasladarse al pueblo y al mismo tiempo estamos abriendo la puerta para que se larguen algunas familias de las que están aún allí residiendo.

Los políticos tendrían que aprovechar los vientos favorables a la vida en el campo y el incremento de simpatías hacia la calidad de vida de los pueblos, para intentar provocar nuevos asentamientos en lo rural. Afortunadamente poco a poco va debilitándose el “desapego” hacia los pueblos. Este “desapego” que ha imperado durante años no ha sido fruto en exclusiva del” casi monopolio “de la cultura urbana y de una idealización consumista de la ciudad como centro de consumo y disfrute, sino también creado por de los propios campesinos(labradores y ganaderos) y las mujeres rurales, que después de una vida dura y de privaciones importante ,con servicios básicos inexistentes en las zonas rurales en las épocas del desarrollismo ,repetían una y otra vez hasta la saciedad en los años 60,70 y 80, de que “no quiero que mis hijos se queden aquí, esto es lo último…”. El trabajo en la tierra y la vida en los pueblos era percibida por una gran mayoría de gente rural como una “maldición Bíblica” en contraposición al “buen vivir ,trabajo y diversión de las ciudades”. Esta desigualdad, entre otros muchos factores, provoco y sigue provocando el vaciado de los Pueblos hacia las principales ciudades (Barcelona, Madrid, Bilbao…), pero posteriormente hacia las capitales de provincia y hacia las capitales de comarca.

Estos cambios consiguieron que los que se “fueron” además de “fardar” de su éxito en la ciudad, padecieron durante varios años una especie de “síndrome de Estocolmo” (todo era maravilloso en las ciudades) que compatibilizaban con cierta añoranza ,manteniendo las propiedades heredadas en sus pueblos, y recreándose una y otra vez en vivencias felices de “antes” idealizando la “aldea perdida”, es la generación que tiene ahora más de 60 años y que me gusta denominarles la generación NI Urbana-NI rural, porque Ni trabajaban sus tierras, Ni las alquilaban, Ni las vendían ,Ni las cambiaban ,NI las concentraban, pero Ni se olvidaban del pueblo ni tampoco se integraron ni se han integrado plenamente en la “cultura urbana”.

Es a finales de los 90, cuando se empieza a hablar de sostenibilidad, la ecología y el medio ambiente impregna los valores y las conductas de gran número de ciudadanos. La necesidad de reafirmar una identidad hizo que en la ciudad el “tener pueblo” empezara a estar bien visto y se valorase…al mismo tiempo en los medios de comunicación aparecen los neorurales que desean vivir en pueblos que hemos despreciado y empiezan diversos colectivos a decirnos que la verdadera calidad de vida esta en lo rural.

Así, en los años de bonanza y crecimiento permitieron invertir en obras e infraestructuras en los pueblos por parte de la mayoría de municipios y a muchas familias rehabilitar las casas de padres y abuelos, para así tener también una segunda vivienda en el pueblo, todo ello junto con la financiación y apoyo al Turismo Rural ayudo a cambiar la “estética de algunos pueblos” por lo que hoy hay que reconocer que la mayoría de los pueblos “nunca estuvieron tan bonitos, con tantas infraestructuras (polideportivos, calles asfaltadas,…), pero nunca estuvieron tan vacíos (si exceptuamos agosto y festivos) y eso a pesar de que los valores y la vida rural ,como ya hemos comentado, esta siendo cada vez más atractiva para un significativo número de ciudadanos, que, por su origen, por el rechazo a ciertos “excesos de la cultura urbana” y por el descenso significativo de la calidad de vida en las ciudades y por el desgaste de esta larga y corrosiva crisis económica, se podrían estar planteando el fijar su residencia habitual en un pueblo o en otros casos regresar a donde tienen sus raíces. Es a estos colectivos y a los que actualmente permanecen en los pueblos en los que tenemos que centrar la mayoría de actuaciones para que nuestros pueblos tengan vida propia y no sean solo, en el mejor de los casos lugar de ocio y disfrute vacacional.

La diferencia entre lo “urbano y lo rural” se ha ido difuminando, pareciéndose cada vez más los valores, los estilos de vida, el ocio, etc., no obstante persisten ciertas rasgos diferenciados, que podríamos resumir: tranquilidad, solidaridad, mayor contacto con la naturaleza y la tierra, importancia de lo “común y su gestión”, “con menos se vive mejor”, menor estrés, mayor importancia de las tradiciones y costumbres, permite producir parte de los propios alimentos, etc. Estos y otros muchos valores y características son los que hay que mantener y potenciar para hacer cada vez más atractivo el vivir de forma habitual en un pueblo, fortaleciendo al mismo tiempo los servicios educativos y de salud, la “accesibilidad” y creando incentivos fiscales y ayudas ligadas a los asentamientos rurales.

Analizar todas las posibles propuestas para conseguir este objetivo, excede los limites de un articulo, por eso me centraré en proponer alternativas para el debate en dos apartados que ayudarían desde mi punto de vista a afrontar mejor el futuro de los pueblos: A) Uno sobre la DEFENSA DE LAS JUNTAS VECINALES Y SU CONSOLIDACIÓN, y B) Otro la exigencia y concreción de una DISCRIMINACIÓN POSITIVA PARA LO RURAL.

Planteamos a continuación algunas ideas, aunque somos conscientes que la tipología de pueblos de nuestra provincia y del resto del país es muy variada y seguro que para cada uno de los “tipos” requeriría acciones especificas o algunas de las planteadas no tienen sentido, pero salvo algunas excepciones la mayoría las considero positivas para el futuro de los pueblos.

Al mismo tiempo que se defiende la permanencia de las Juntas vecinales habría que aglutinar y unificar un movimiento social y político a favor de lo rural capaz defender reformas en la ley que regula las entidades menores ,planteando alternativas claras para el desarrollo de los pueblos y reivindicar un conjunto de medidas administrativas y fiscales que concreten y definan la denominada DISCRIMINACIÓN POSITIVA, que se lleva defendiendo desde hace varios años en diferentes foros y que apenas nadie a aplicado a excepción de algunos aspectos menores en algunas Comunidades Autónomas.

Destaquemos a continuación algunos aspectos relevantes, a modo de ejemplo, que consideramos fundamentales para consolidar las Juntas vecinales:

  • Introducir la obligatoriedad de que las Juntas vecinales convoquen, durante el año al menos dos Concejos Ordinarios para aprobación de presupuestos y entrega de cuentas.
  • Simplificar la contabilidad pública de una Junta vecinal y no imponer requisitos en las normas y decretos que a priori no se pueden cumplir por falta de medios en la mayoría de las Juntas vecinales, (ordenadores, internet).
  • Fijar un máximo de dos mandatos para los miembros de una Junta vecinal y poner como requisito el vivir” habitualmente”, (seis meses más un día según la legislación actual) en el pueblo, para elegir y ser elegido.
  • Establecer en los presupuestos de los ayuntamientos una partida asignada a las diferentes Juntas vecinales en función de la población de cada pueblo, para evitar discriminaciones políticas o personales.
  • Regular de manera precisa las mociones de censura, aunque ya es posible hacer una moción de censura con la ley actual (cuando la apoyen la mitad más uno de los vecinos), pero el proceso es lento y complicado como se ha demostrado en algunos casos.
  • Asignar algunas funciones de apoyo a las Juntas vecinales por parte del personal administrativo, si no lo hubiese actualmente, de los ayuntamientos para servir de enlace con el S.A.M del Consejo Comarcal de Bierzo (una mayor dotación de este servicio es fundamental para los pueblos debido a su buen funcionamiento y labor que están realizando) o la Diputación y otras administraciones.

Este movimiento en defensa de lo Rural no solo debería contemplar y apoyar reformas para la democratización y tener un mayor control por parte de los vecinos sobre las juntas vecinales, en la línea que planteamos anteriormente sino luchar por una DISCRIMINACIÓN POSITIVA HACIA LOS QUE VIVEN EN LOS PUEBLOS para compensar la desigualdad histórica en servicios públicos (sanidad, educación,…), infraestructuras (internet, telefonía…etc.). y las múltiples leyes, (europeas, nacionales, regionales) legislaciones que han penalizado siempre a los Pueblos especialmente el autoconsumo, las tradiciones(vendimias, matanza..) ,las pequeñas actividades agrario-ganaderas llenándolas de burocracia ,trabas y papeles que hacen de los que tienen cualquier actividad agrícola y ganadera, o negocios familiares como tener un bar o un pequeño comercio en un pueblo sea de auténticos” héroes rurales”.

Para evitar los oportunismos y que el conjunto de medidas de discriminación positiva conduzcan al incremento de la población rural, el elemento esencial es determinar e identificar a los benefactores de las propuestas. En el pasado, la unidad de derechos y obligaciones con lo común era el ser vecino habitual del pueblo y cuando se incorporaba un vecino nuevo (por matrimonio o desplazamientos) tenía (según que zonas) que “pagar el piso” y esperar algún tiempo para tener pleno derecho como vecino (“vecera”, “sorte”, leñas, etc.). En la actualidad tanto lo datos de empadronamiento como los censos electorales de las zonas rurales sabemos que, por diversas razones en cada caso, no reflejan las familias reales, ni los ciudadanos que viven habitualmente en los pueblos por lo que se requiere a mi entender un una definición clara y precisa de familia o individuo que vive habitualmente en los pueblos y que debería ser los que se beneficiarían de gran parte de las medidas propuestas a continuación, a modo de ejemplo:

  • Beneficios fiscales en el IRPF por vivir en zona rural que compensara la discriminación actual.
  • Reservar una parte de las becas de estudio para niños y jóvenes de familias que residan habitualmente en pueblos.
  • Generar un plus especial para funcionarios docentes o trabajadores sanitarios que residan en el municipio rural en el que trabajan.
  • Que los centros educativos y sanitarios en municipios rurales no se aplique únicamente los barremos estándar sino su papel en el desarrollo y en el bienestar de la zona.
  • Apostar por la agroalimentación ecológica, industrias verdes, turismo , artesanía, limpieza de montes y repoblaciones forestales y micológicas, etc.
  • Incrementar considerablemente el impuesto de fincas rurales abandonadas y simplificar los tramites de unión y concentración de fincas. Igualmente el I.B.I de casas vacías y abandonadas, deberá subirse significativamente
  • Fomentar e incentivar el alquiler o venta de viviendas y fincas rusticas.
  • Defender el autoconsumo y las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales.
  • Permitir al trabajador autónomo agrario que pueda ejercer a tiempo parcial y compatibilizar la actividad con otro empleo.

En definitiva lo que pretendo proponer es la necesidad de que además de defender las Juntas Vecinales se profundice en su democratización y transparencia y se genere un amplio movimiento social a favor de la NECESARIA DISCRIMINACION POSITIVA PARA LOS PUEBLOS Y ZONAS RURALES.

Lago de Carucedo, 30 de octubre de 2012.

Laurentino Bello

Notas históricas sobre los Argüellos

Ángel Raimundo Fernández González (1962): «Notas históricas sobre los Argüellos», Archivum: Revista de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo, XII: 394-408.

[issuu width=420 height=331 backgroundColor=%23222222 documentId=120122121405-326d6ca91ab24be2bad0556ddcac5b16 name=arguellos username=asociacionfaceira unit=px id=2068ed4a-7626-6c44-bb08-d633f39c04c5 v=2]

La defensa del comunal y de los usos colectivos, León (1800-1936): ¿una economía moral?

SERRANO ÁLVAREZ, José A. (2005) “La defensa del comunal y de los usos colectivos, León (1800-1936): ¿una economía moral?”, Historia Agraria 37: 431-463.

[issuu width=420 height=315 backgroundColor=%23222222 documentId=120114121001-31b391047c09432d8f743f3567998d65 name=name47c094 username=asociacionfaceira unit=px id=5e1603a9-e88f-fbf7-8ed1-d294e515a383 v=2]

El futuro de las Juntas Vecinales de la Provincia de León

Carlos González-Antón Álvarez . La Crónica 16 de León, 1998.

En todas las comarcas de León, la institución de los Concejos ha sido protagonista de la historia de sus pueblos, que se basaron en este sistema de organización y de toma de decisiones, no sólo por ser el tradicional —y en el que les educaron sus padres— sino por ser el que mejor se acomodaba a la economía rural y la forma de pensar de los habitantes de nuestros aldeas. Los historiadores han coincidido en señalar el sistema concejil como uno de los rasgos distintivos del acervo cultural del campo leonés, remontándose sus orígenes a la Edad Media. Con las vicisitudes propias de una institución que ha evolucionado a lo largo de siglos, la administración pública de los pueblos, hoy denominados Entidades locales menores —¡como si no hubieran alcanzado ya su mayoría de edad!— no puede ser abordada de una forma nostálgica añorando una democracia natural que no es claro que persistiera durante todas las edades de nuestro solar leonés. No es momento de desempolvar añejas ordenanzas reguladoras de actividades hoy olvidadas en rincones donde se apolillan arados, yugos y cerandas, que seguro reposarían más honrosamente en el museo etnográfico comarcal. No obstante la ineludible realidad de nuestro mundo rural, lo que no nos podemos permitir es arrumbar en el mismo sótano de los trillos y manales las Juntas Vecinales o, lo que es lo mismo, la existencia independiente de los pueblos de los municipios de León.

No hace falta ser lector asiduo de la prensa provincial para comprobar cómo existen frecuentes tensiones entre los Ayuntamientos y las Juntas Vecinales, entre los intereses de la capital del municipio y los legítimos de los habitantes de su alfoz, de sus pueblos agregados. Y éso, no lo dudemos, es algo positivo. Debe existir debate en la vida pública, en la toma de las decisiones que afectan a la colectividad. Hay debate porque hay transparencia, porque los ciudadanos, informados, opinan y sus representantes trasladan esa opinión a los órganos correspondientes. La ubicación de un vertedero o de un centro de salud, la privatización o municipalización del servicio de aguas, la compra de un edificio para residencia de ancianos, todos son asuntos que deben ser debatidos por los vecinos y por las Administraciones públicas con competencia en la materia, para decidir con el mayor número de datos posible. Hoy —cuando aún oímos los ecos de los petardos y las voces de los leoneses en defensa de una minería que da luz a todos los españoles— percibimos mejor que nunca que no se pueden tomar las decisiones a espalda de los ciudadanos. Y si ésto se puede afirmar de «las grandes políticas de Estado» que muchas veces se justifican con complicados números o enmarañadas estadísticas o en normas que son aprobadas más allá de los Pirineos, cómo no va a ser cierto cuando las decisiones son tomadas en el ámbito municipal, por concejales con los que se juega la partida o con los que se ha rivalizado por una mujer en los años mozos.

Alejar la política municipal de los pueblos es algo que sí va contra los tiempos y, por supuesto, contra nuestra Constitución, que defiende entre otros principios el de descentralización de las estructuras administrativas. El paciente lector que haya llegado a este punto, quien probablemente puede coincidir con lo hasta aquí expuesto, estará pensando: «Bueno y ¿cuál es el problema de las Juntas Vecinales?» Y esta razonable pregunta tiene una respuesta, y es que las Juntas Vecinales, nuestros pueblos, van a tener un nuevo régimen jurídico en unos meses, pues está prevista la aprobación en las Cortes de Castilla y León de una Ley reguladora de la Administración local, norma que configurará las Entidades locales menores, su organización, competencias y recursos, y también su supresión. Nuestros legisladores autonómicos, nuestros procuradores en el castillo de Fuensaldaña, tendrán la palabra. En esta tesitura, y con la discutible legitimidad de quien es nieto y biznieto de Alcaldes pedáneos que lo fueron de un pueblín de la montaña de León y quienes me transmitieron el orgullo y la responsabilidad que reside en la facultad de que los pueblos puedan decidir sobre sus propios asuntos, expongo al amable lector las siguientes reflexiones sobre este particular.

El nuevo régimen jurídico, en primer lugar, ha de defender la continuidad como Administraciones independientes de las Entidades locales menores. Y el problema radica en que esta continuidad se pone en cuestión por algunos políticos que, por ejemplo, obstruyen la reconstitución de Juntas Vecinales disueltas durante la dictadura franquista —es el caso de las de Boñar— y que comentan —sólo en los pasillos— que hay que «reconducir» el enorme número de Administraciones locales que existen en nuestra provincia. Es cierto que en León se concentran la gran mayoría de las entidades locales de Castilla y León, e incluso de España. Los datos son los siguientes: en España hay 3.699 Entidades locales menores; en Castilla y León, 2.238; y en León, 1.245. Es decir, nuestra provincia tiene el 55’6 % de las Entidades locales menores de la Comunidad Autónoma y el 33’6 % del total nacional. Del análisis de estos datos, extraídos del último censo de entes locales del Ministerio de Economía y Hacienda, podemos constatar que León, como Cantabria, el País Vasco o Navarra —que son los otros tres territorios de nuestro Estado en los que se concentran estas Administraciones locales tradicionales—, presentan un paisaje administrativo muy diferente al de otras provincias como Valladolid, que sólo tiene nueve Entidades locales menores. Paisaje distinto, que no peor, sino todo lo contrario. Estos territorios poseen una riqueza cultural, un patrimonio histórico, unas instituciones públicas, que es necesario conservar y, en lo posible, desarrollar. Es difícil que un vallisoletano o un habitante de Sevilla, provincia en la que no hay ni una sola Entidad local menor, entiendan y tengan la sensibilidad suficiente para comprender lo que supone esta organización para la vertebración de la sociedad rural en comarcas en las que la población está diseminada en núcleos dispersos y con inveterada tradición de autogobierno. Los castellanos y, sobre todo, los leoneses, debemos ver en nuestras Juntas Vecinales, en nuestros pueblos, el rastro de nuestra cultura y, en la organización concejil, una de las mejores aportaciones de nuestros antecesores a la cultura administrativa de nuestro país.

Los pueblos deben estar dotados, primero, de personalidad jurídica propia; en segundo lugar, de una administración que aúne la tradición y la democracia y, en tercer lugar, de las competencias suficientes para satisfacer el pequeño núcleo intereses propios de los vecinos de ese pueblo. Si en todas partes soplan vientos de descentralización, si Bruselas se llena la boca con el principio de subsidiariedad, ¿no han de llegar estas modas a los humildes pueblos de León? ¿Sólo van a llegar los recortes de las cuotas lácteas, las correspondientes sanciones y las órdenes de cierre de nuestras minas? Existen —¡cómo no!—, argumentos contrarios al mantenimiento de las Entidades locales menores; unos son legítimos mientras otros no lo son en absoluto. Entre los primeros podemos encuadrar las tesis que defienden la supresión de las Juntas Vecinales porque multiplican las Administraciones locales, porque no son operativas y aumentan los gastos. A ello se puede responder que es bueno que haya Administraciones públicas cercanas al ciudadano, máxime cuando este ciudadano vive una remota aldea de Babia o de la montaña de Boñar, con unos problemas particulares, difíciles de comprender incluso por el Alcalde de su Ayuntamiento, cuya capital normalmente está mejor comunicada, más urbanizada que aquel núcleo aislado.

Lo que hace falta es voluntad de coordinación y no menor número de Entidades locales; León ya conoce de ejemplos en los que, no pequeños pueblos, sino grandes municipios se negaban a colaborar con el resto de las Administraciones, con los consiguientes perjuicios para sus vecinos y amplia propaganda para los ediles. Para las pequeñas necesidades de un pueblo sí son operativas estas pequeñas Administraciones y la mayoría de las veces tales necesidad se satisfacen de la forma más barata que existe, por medio de los trabajos comunales, la «facendera», otra institución intrínseca al quehacer público de nuestro campo. Esto no impide que si hace falta el concurso de las Administraciones «mayores» para la prestación de otros servicios o realización de obras, estas deban auxiliarlas adecuada y solidariamente.

Otros argumentos contrarios, que laten en algunas conductas de unos pocos, son aquellos que defienden la supresión de las Juntas Vecinales como medio para eliminar un órgano intermedio, molesto en la mayoría de las ocasiones ya que se opone a las decisiones de los Ayuntamientos, muchas veces con intereses opuestos a los de los vecinos de los pueblos del propio municipio. Así, algún alcalde prefiere tener sólo vecinos a su mando que no pueblos. Además, el patrimonio histórico de las Entidades locales menores —sus montes, sus aguas, sus eras comunales—, son apetecidos por más de un edil para sus grandes proyectos de desarrollo municipal. La realidad, siempre tan tozuda, parece volver a dar la razón a un ilustre jurista leonés, Vicente Flórez de Quiñones, quien en 1924 termina su libro «Los pueblos agregados a un término municipal en la historia, en la legislación vigente y en el Derecho consuetudinario leonés» con las siguientes palabras: «Existen otras muchas costumbres comunales, y algunas verdaderamente interesantes para el estudio de muchos puntos del Derecho civil, que significan, como las citadas en el curso de este trabajo, verdaderas supervivencias jurídicas. Pero, con las anteriormente citadas, creemos demostrada plenamente la absoluta capacidad de los pueblos agregados a un término municipal —hoy Entidades locales menores— para regirse por sí mismos, y la inutilidad de los Ayuntamientos en la montaña leonesa, donde no son más que unos organismos de verdadero lujo, pero innecesarios, y sólo beneficiosos, generalmente, a la capitalidad del término municipal».

Tengo plena confianza en que los legisladores castellanos y leoneses van a tener la sensibilidad suficiente para comprender las grandezas y las miserias de nuestro mundo rural; y puedan devolver el orgullo —si alguna vez se perdió— a nuestros pueblos, cuyos Concejos durante tantos y tantos años fueron escuela de democracia, dotándoles de una organización y competencias que dignifiquen su vida pública y no les condenen al silencio y olvido.

Las entidades menores sin gobierno corren el riesgo de desaparecer

Diario de León, 18/11/2011.

Dejar sin gobierno una entidad local menor es una «falta de responsabilidad» del vecindario de un pueblo porque «corren el riesgo de desaparecer». Así de rotundo se muestra el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y abogado Carlos González-Antón.

Como experto en la materia subraya que el artículo 71 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León contempla entre las causas de extinción de las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (Eatim) «cuando, celebradas elecciones locales, hubiesen quedado reiteradamente sin cubrir los órganos rectores de la entidad por falta de candidaturas».

En este caso, la gestión pasa al Ayuntamiento correspondiente con todo el patrimonio de la entidad local menor. Por tanto, «no presentar candidatos supone poner en riesgo la existencia de estas entidades que tienen siglos de antigüedad» en el territorio leonés.

La sustitución de los concejos abiertos por el sistema electoral partidista, así como el déficit demográfico son las principales causas del menoscabo que, según observa el experto, han sufrido las juntas vecinales en las últimas dos décadas. Un hecho que no deja de ser llamativo puesto que los concejos «han sobrevivido a lo largo de diez siglos a pesar de los regímenes autoritarios».

Antón se muestra defensor de la recuperación del concejo abierto como alternativa a la falta de candidaturas en muchos pueblos. «Los pueblos muchas veces no tienen ese elemento de representación política o los pocos vecinos que quedan no quieren entrar en una lucha partidista, tienen una preocupación comunitaria y en estos casos la mejor solución es que se rijan en concejo abierto», apunta.

La gestión comunitaria, agrega, es el camino «idóneo» para hacer responsable a todo el mundo de las decisiones, de manera similar a una comunidad de propietarios en la ciudad. «Con el sistema actual el que gana lo decide todo», subraya.

Derecho Foral y Derecho Consuetudinario Leonés

Javier FERNÁNDEZ-COSTALES MÚÑIZ: “Las comunidades autónomas y el Derecho Civil: Derecho Foral y Derecho Consuetudinario Leonés”, Tierras de León: Revista de la Diputación Provincial, ISSN 0495-5773, Vol. 25, Nº 60, 1985 , págs. 1-24.

 [issuu width=420 height=290 backgroundColor=%23222222 documentId=111110112104-003cbfc9d5af40178114e02fdca9da06 name=name9d5af4 username=asociacionfaceira unit=px id=5ba347e3-9d00-80af-917c-6e60a8c79e0b v=2]