Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 recogen una enmienda presentada en el Senado por el partido político Compromís, orientada a la promoción de las lenguas españolas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa. El 11 de enero de 2022 el Ministro de Cultura y el senador de Compromís Carles Mulet, concretaron que el destino de la partida aprobada, de 1,6 millones de euros, sería dedicada a acciones de promoción y difusión tanto de las lenguas propias de España, como del plurilingüismo, y a mejorar el conocimiento de la diversidad lingüística y cultural de nuestro país. Especificándose además la transferencia de ese dinero a las Comunidades Autónomas a la mayor brevedad posible.
A pesar de que la enmienda busca apoyar a las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, las partidas económicas y las acciones de promoción previstas solo van a dedicarse a las lenguas propias de Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, quedando fuera las lenguas minoritarias protegidas por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, el leonés y el gallego, conforme establece los párrafos 2 y 3 del artículo 5 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León:
2. El leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad. Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación.
3. Gozará de respeto y protección la lengua gallega en los lugares en que habitualmente se utilice.
Conforme a la legislación vigente, Faceira entiende en el reparto de los fondos señalados ha de incluirse también la promoción del leonés y del gallego en Castilla y León. No tener esto en cuenta supondría una arbitrariedad y una nueva discriminación para los hablantes de leonés y de gallego, ya que ambas lenguas están reconocidas estatutariamente y entran dentro del ámbito de protección del referenciado tratado internacional promovido por el Consejo de Europa. Especialmente grave es la situación de la lengua leonesa, desatendida de manera absoluta por la Junta de Castilla y León, ausente por completo del sistema educativo de la Comunidad y que carece de las medidas de promoción, protección y fomento del uso que los mandatos del art. 5.2 del Estatuto de Autonomía obligan a implementar a las instituciones autonómicas.