E. Gancedo. Diario de León, 06/01/2010
León es ya uno de los últimos territorios de España cuya especificidad lingüística aún no está regulada por ley. En este sentido, las particularidades idiomáticas de nuestras comarcas se encuentran enmarcadas actualmente en una especie de limbo entre la declaración recogida en el Estatuto de Autonomía (donde se dice explícitamente que el leonés «será objeto de protección específica por parte de las instituciones», que su protección, uso y promoción «serán objeto de regulación», y que el gallego gozará de «respeto y protección») y la ausencia, por ahora, del desarrollo legislativo correspondiente.
En el resto de autonomías, el camino seguido ha sido aproximadamente ese (primero declaración, después ley), bien que con tiempos diferentes entre unos hitos y otros. En las comunidades cuya lengua patrimonial es cooficial con el castellano, el desarrollo de las leyes e instituciones que regulan el uso del idioma caminó parejo al nacimiento del estatuto -”aunque en muchos casos estas disposiciones y entidades procedían de una tradición anterior-”. En las demás (por ejemplo, Asturias), tras una declaración institucional llegó, con rapidez, una Ley de Uso donde se establecieron los órganos de regulación, docencia y estudio del asturiano.
El ejemplo aragonés. Por otra parte, Aragón -”donde la difícil pervivencia del idioma tradicional, el aragonés o fabla , se ha equiparado muchas veces con el caso leonés-” aprobó el pasado mes de diciembre su nueva Ley de Lenguas que reconoce el carácter trilingüe de aquella comunidad (castellano-aragonés-catalán), algo que sería comparable con la coexistencia, en León, de castellano, leonés y gallego-leonés.
Ni el aragonés ni el catalán tendrán allí carácter oficial, si bien la Ley establece de hecho -”al menos en teoría, como en el caso asturiano-”, un régimen de oficialidad, pues garantiza el derecho de los usuarios a relacionarse en estas lenguas con las Cortes y con el Justicia de Aragón (el Defensor del Pueblo autonómico) y, en las zonas de utilización histórica predominante, con las administraciones públicas. También se garantiza el derecho a su enseñanza en todos los niveles, incluida la universidad, y se contempla su uso en la radio y la televisión. La ley es muy precisa al referirse a las diferentes zonas lingüísticas, delimitando la parte más amplia, de habla castellana; los valles pirenaicos y otras zonas de Huesca, con un uso tradicional del aragonés pero ya muy castellanizado; y la Franja oriental, donde se habla un catalán comarcal cuyo tratamiento ha venido constituyendo uno de los principales escollo de esta ley.
Finalmente, el catalán y el aragonés tendrán el mismo tratamiento jurídico (ambas serán «lenguas históricas de Aragón») y contarán con sus respectivas academias lingüísticas reguladoras.
El valle de Arán. Otra de las últimas novedades con respecto a legislación lingüística está teniendo lugar en Cataluña: el pasado mes se dio el primer paso para la oficialidad completa del idioma del valle de Arán -”que no es catalán, sino una variante del occitano; aunque éstas son dos lenguas muy próximas-” no sólo en su territorio sino en toda la comunidad al aprobar el anteproyecto de Ley del Aranés. Un valle similar en lo geográfico al de Laciana en León, uno de los que mejor mantienen la lengua propia (el patsuezu , variante occidental del asturleonés), pero enormemente diferente en la valoración de su cultura propia.
Otro ejemplo aprovechable sería Navarra, donde la enseñanza del euskera se hace siguiendo una división en tres zonas: una vascófona, otra donde el euskera desapareció hace décadas y una Ribera de habla castellana.
La peculiaridad de nuestra autonomía, con dos regiones históricas encajadas en ella, y la lejanía y escaso interés de la Junta por este tema están retardando la creación de una ley propia.